Summa Inferno rechaza categóricamente las acusaciones publicadas este 1 de noviembre por el periódico 24 HORAS, en un artículo firmado por Brandon Julien Celaya Torres, quien lleva años construyendo una narrativa adversa contra nuestro medio de comunicación y su director, Jorge Figueroa Tapia. Lo que debería ser un ejercicio de investigación periodística vuelve a convertirse, desde nuestra perspectiva, en otro episodio de una prolongada confrontación cuyo tratamiento informativo merece ser cuestionado.
No es la primera publicación. No es el primer medio en el que aparece. Y, por lo visto, tampoco parece existir intención de poner fin a esta insistencia. A estas alturas, es más que obvio que su motivación es una mera venganza personal por no lograr sus objetivos, cuales quieran que sean, impulsados por traumas propios, que tal vez deberían tratarse por un especialista en la material.
Resulta legítimo preguntarse hasta qué punto las publicaciones reiteradas de un mismo periodista contra una misma organización responden exclusivamente al interés público y en qué momento comienzan a reflejar una fijación editorial que compromete la distancia necesaria para informar con objetividad.
Porque investigar no significa perseguir, publicar no equivale a demostrar y tener acceso a un medio de comunicación no concede autoridad para dictar sentencias.
Comencemos por una de las afirmaciones que consideramos más graves.
El artículo pretende vincular a Summa Inferno con las actividades de una persona identificada como Ximena P., señalada como presunta intermediaria en operaciones relacionadas con boletos para conciertos y festivales.
En Summa Inferno no existe ninguna colaboradora llamada Ximena. No forma parte de nuestro equipo y rechazamos que se atribuyan automáticamente a nuestra organización las actividades que terceros pudieran realizar utilizando su nombre. Esto puede verificarse rápidamente desde la página “About Us”, disponible públicamente aquí.
Una persona puede afirmar que representa a una empresa, un medio o una institución. Eso no significa que efectivamente tenga esa representación.
Si el periodista pretende establecer un vínculo laboral, contractual o institucional, corresponde sustentar esa afirmación mediante elementos que permitan determinar cuál era la supuesta relación y cuáles eran sus alcances. Los testimonios de personas que aseguran haber escuchado semejante representación no sustituyen esa acreditación.
El reportaje también menciona transferencias y conversaciones privadas. La existencia de esos materiales, por sí sola, no acredita todos los extremos de una acusación penal ni demuestra automáticamente la existencia de una estructura institucional dedicada al fraude. Su contenido, autenticidad y contexto deben examinarse íntegramente.
Rechazamos tajantemente que Summa Inferno haya operado un sistema institucional de venta fraudulenta de boletos o comercialización irregular de acreditaciones de prensa.
No aceptamos que se transforme una imputación en una verdad definitiva mediante titulares, insinuaciones o la repetición de señalamientos.
Brandon Celaya y una insistencia que merece explicaciones
Hay un elemento de esta historia que no puede seguir pasando inadvertido: el comportamiento editorial de quien firma estas publicaciones. Brandon J. Celaya Torres lleva años dedicando trabajos periodísticos a Summa Inferno y a su director, desde su paso por Aristegui Noticias, por La Silla Rota [de ambos fue despedido, precisamente por sus evidentes fallas como profesional] hasta su actual publicación en 24 HORAS.
La reiteración, por sí misma, no invalida una investigación. Sin embargo, tampoco debe eximir al periodista de explicar sus métodos, revisar sus conclusiones y responder a los cuestionamientos de quienes aparecen señalados. Desde nuestra perspectiva, Celaya Torres ha desarrollado una fijación editorial con Summa Inferno que nos lleva a preguntarnos si todavía existe la imparcialidad indispensable para abordar estos asuntos.
Su insistencia nos parece desproporcionada y consideramos legítimo cuestionar si existen motivaciones personales detrás de la manera en que presenta nuestra organización ante la opinión pública.
No pretendemos conocer sus pensamientos ni atribuirle condiciones psicológicas. Cuestionamos algo mucho más concreto: su trabajo, sus criterios editoriales y la reiteración de una narrativa que consideramos perjudicial para nuestra reputación.
El periodismo de investigación debe ser incómodo para el poder, pero también tiene que ser riguroso con sus propias afirmaciones. No puede exigir transparencia a terceros mientras considera que sus métodos y conclusiones están por encima de cualquier cuestionamiento. Como esa ocasión, cuando fue entrevistado por Periodo La Rocka y tuvo que salir huyendo de las preguntas que no pudo contestar y de esas afirmaciones que no pudo probar.
La credencial de periodista no es una licencia para señalar indefinidamente a una persona sin asumir la responsabilidad de demostrar cada imputación.
La dirección de Summa Inferno sostiene que señalamientos difundidos anteriormente fueron objeto de un procedimiento judicial en el que una autoridad declaró infundadas las acusaciones examinadas e incluso dispuso el retiro de publicaciones previas en portales como Aristegui Noticias, donde Celaya laboraba en años pasados y de la cual fue despedido por estos mismos motivos.
Se trata de antecedentes que deben ser valorados conforme al contenido y alcance de la resolución correspondiente, sin extender sus efectos a asuntos distintos que no hayan sido examinados por el tribunal. Si una controversia anterior tuvo una resolución judicial favorable a nuestra posición, consideramos inadmisible que se recupere públicamente sin explicar al lector ese antecedente y sus implicaciones.
Tampoco debería aprovechar el desconocimiento del público sobre los procedimientos judiciales para colocar, una vez más, a los mismos involucrados en el banquillo de los acusados. La memoria selectiva no es una virtud periodística.
El cuestionamiento no se limita al autor.
24 HORAS es un medio de comunicación con una responsabilidad frente a sus lectores. Al publicar acusaciones de esta gravedad, asume también la obligación de examinar cuidadosamente el contenido, verificar las afirmaciones y evitar que una controversia termine convertida en un mecanismo de descrédito sin garantías de rigor informativo.
¿Qué elementos acreditan que Ximena P. era colaboradora de Summa Inferno? ¿Qué pruebas permiten atribuir a nuestra organización una operación institucional de fraude? ¿Cómo se distinguieron las responsabilidades individuales de las supuestas responsabilidades empresariales? ¿Qué consideración recibieron los antecedentes judiciales señalados por nuestra dirección?
No exigimos un trato privilegiado. Exigimos el mismo estándar de precisión que cualquier medio serio debería aplicar al abordar acusaciones que pueden afectar la reputación y las actividades profesionales de una persona o empresa.
Y dejamos algo perfectamente claro: no vamos a aceptar en silencio que nuestro nombre sea utilizado como sinónimo de delincuencia a partir de señalamientos cuya responsabilidad jurídica no ha sido establecida en los términos que pretende sugerir el discurso público.
Es previsible que esta respuesta incomode a quienes consideran que un periodista puede cuestionarlo todo, pero nunca ser cuestionado. Esa postura es incompatible con una discusión pública verdaderamente libre.
Tenemos exactamente el mismo derecho a expresarnos, responder, confrontar afirmaciones y exigir responsabilidades por informaciones que consideramos incorrectas.
No pretendemos impedir investigaciones legítimas ni desacreditar a las personas que presenten reclamaciones. Cualquier controversia concreta debe atenderse con documentación, garantías para las partes y los procedimientos correspondientes. Lo que rechazamos es la atribución indiscriminada de responsabilidades, las generalizaciones y el uso reiterado de acusaciones para construir una imagen pública de culpabilidad.
Summa Inferno lleva años trabajando en la cobertura de la música, con publicaciones, entrevistas y actividades editoriales que pueden ser examinadas y criticadas públicamente. Nuestra trayectoria no nos coloca por encima del escrutinio. Pero tampoco convierte a un periodista en dueño de nuestra reputación.
Negamos categóricamente que Summa Inferno sea una organización dedicada al fraude. Negamos la existencia de una colaboradora llamada Ximena P. Rechazamos que se atribuyan a nuestro medio operaciones de terceros sin demostrar una relación de representación autorizada. Y cuestionamos abiertamente el tratamiento reiterado que Brandon J. Celaya Torres ha dado a nuestra organización.
Consideramos que su trayectoria de publicaciones sobre nosotros amerita una revisión seria de los criterios editoriales aplicados, particularmente cuando vuelve a utilizar antecedentes controversiales como parte de nuevas acusaciones.
No vamos a permitir que la reiteración de titulares sustituya la acreditación de los hechos ni que una disputa periodística sea presentada como una sentencia.
Solicitamos a 24 HORAS que examine los cuestionamientos planteados, otorgue a nuestra postura el espacio correspondiente y revise las afirmaciones sobre vínculos institucionales cuya existencia negamos.
Nos reservamos el ejercicio de las acciones legales que correspondan para proteger nuestros derechos frente a cualquier información falsa que cause daños demostrables a nuestra reputación.
A Brandon J. Celaya Torres le decimos algo sencillo: si su intención es investigar, que investigue con todo el rigor que su profesión exige. Que contraste, documente, contextualice y acepte el escrutinio de su propio trabajo. Lo que no aceptaremos es que la insistencia de un solo reportero termine funcionando como una condena permanente.
El periodismo no está por encima de la verdad. Los periodistas tampoco.
Summa Inferno no tiene obligación de guardar silencio para facilitar la narrativa de nadie. Y no lo hará.
Dirección editorial de Summa Inferno
1 de noviembre de 2026
